LA SOBREVIVENCIA DE LAS FAMILIAS CAMPESINAS:
ENTRE LA MIGRACIÓN Y “OTRAS” ACTIVIDADES EN
SINALOA
Celso Iván OLIVARRÍA NÚÑEZ * Maestro en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Sociales de la UAS. Actualmente se encuentra en la fase final del Doctorado en Economía Política del Desarrollo , en la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Resumen
En el presente ensayo se describen y analizan las estrategias de sobrevivencia
a las que familias campesinas de Sinaloa han recurrido desde hace tres
décadas para mantenerse en sus comunidades y, en algunos casos, intentar
ascender en la escala social. Dichas opciones o estrategias están asociadas
a la migración hacia Estados Unidos y las ciudades fronterizas, la dependencia
de programas sociales y al empleo en actividades no ligadas a la tierra y que resultan mucho más remunerativas.1 Se propone además una
alternativa al rezago campesino, como producto de nuestra estancia en el
Instituto de Geografía “Romualdo Ardissone” de la Universidad de Buenos
Aires, Argentina, entre febrero y mayo de 2015: la agricultura familiar.
1 Cabe destacar que estas opciones muchas de las veces no han garantizado la inclusión social, más bien, forman parte de pequeñas compensaciones que brindan respiro a una población que resulta excluida de las políticas públicas implementadas desde el aparato estatal.
La reconfiguración de la política agraria en México
La entrada en vigor y puesta en marcha de las políticas de ajuste estructural
en México entre las décadas de 1980 y 2000, impactaron sobre el
grueso de la población campesina. Entre dichas medidas se encontraban el
retiro del Estado como regulador de la economía -entre ellas las actividades
agrarias- mediante procesos paulatinos que implicaron la reducción de
los subsidios hacia el sector, el desmantelamiento de la banca rural, la eliminación
de los precios de garantía de productos agrícolas básicos como
el frijol y el maíz, y la Ley Agraria de 1992 que se concretó con la modificación
al artículo 27 de la Constitución, que dio pie a la privatización de
las tierras ejidales mediante la expedición de los títulos de propiedad, y la
firma y entrada en vigor del Tratado del Libre Comercio con América del
Norte entre 1993 y 1994. Estas cuestiones incidieron en los campesinos
para optar por otras fuentes de ingresos, desligándose parcialmente de los
excedentes de la tierra.
La crisis del Estado interventor a fines de los años 70 sentó las bases
para el modelo económico neoliberal, un patrón de acumulación que se
apoyaba en el libre mercado y los recetarios del Fondo Monetario Internacional
y el Banco Mundial, que dictarían las nuevas directrices de
la política económica mexicana mediante las políticas de ajuste estructural.
El Estado empezó a retirarse de forma paulatina de la regulación
económica para dar pie a su liberalización. El sector agrícola sería uno
de los más golpeados. Al replegarse el Estado de la agricultura se dejaron
“vacíos institucionales que el sector privado no ha colmado o en
los que únicamente ha creado monopolios locales” (Calderón Salazar,
2005). Entre otras razones, se pueden enumerar: no existe el acceso al
crédito, a la asistencia agrícola y a los mercados y centros de acopio;
disminuyen los subsidios a la producción, se eliminan los precios de
garantía y se retira el Estado de la compra de cosechas (Ibid). La liberalización
de la agricultura en la década de 1980 experimentó una serie
de cambios, distintos al modelo anterior en el que gozaba de subsidios
y de una fuerte intervención estatal (López Jiménez, 2005). Durante el
periodo de sustitución de importaciones, el campo se consolidó como eje fundamental de la subvención industrializadora del país, en tanto los
campesinos gozaban de beneficios sociales y económicos.
Al darse la liberalización de la agricultura mexicana se perseguía un
objetivo claro: hacer compatible el modelo de desarrollo agrícola con la
nueva política macroeconómica, situación que intentaba volver competitivo
el sector a fin de insertarlo en el proceso de internalización (Ibid).
Al incrementar la producción y la productividad se inició una etapa que
condujo al desplazamiento de mano de obra; se abandonó la seguridad alimentaria
y la autosuficiencia así como la “protección de los productores de
escaso potencial productivo”, en aras de beneficiar a un reducido número
de productores. Desde los gobiernos de Miguel de la Madrid (1982-1988)
hasta Ernesto Zedillo (1994-2000), el modelo neoliberal no sólo se promovió,
sino que terminó consolidándose: se desmantelaron instituciones
de financiamiento crediticio y aseguradoras de banca rural como el Banco
Nacional de Crédito Rural (Banrural) y la Aseguradora Nacional Agrícola
y Ganadera (Anagsa), que sirvieron como canales gubernamentales de
subsidios al productor antes de su desaparición. El Estado privatizó otras
empresas paraestatales: Fertilizantes Mexicanos (Fertimex) y Productora
Nacional de Semillas (Pronase); dicha medida implicó la elevación de
precios de los insumos y con ello, los costos de producción” (Ibid). Otras
medida de política agrícola regresiva fue el retiro de Conasupo (Compañía
Nacional de Subsistencias Populares) en 1999, que garantizaba el abasto
y seguridad alimentaria de millones de mexicanos, para ser sustituida por
Aserca (Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria), cuya
función era “mejorar los canales de comercialización a través de un esquema
de precios de concertación, pero sin intervenir en el proceso de
compra-venta” (Ibid).
Con la modificación al Artículo 27 de la Constitución, implícito
en la Ley Agraria de 1992, se abrió el camino para la privatización y
arrendamiento de las tierras ejidales; se crearon organismos como la
Procuraduría Agraria y los Tribunales Agrarios; en tanto que el instrumento
implementado fue el Procede (Programa de Certificación de Derechos
Ejidales), lo cual alentó un mercado de tierras sin precedentes
en el país, sin garantizar “el mejoramiento del sector rural” (Escalante,
2001). La Ley Agraria de 1992 venía acompañada de una estrategia
jurídica para los ejidatarios: la posibilidad de parcelar sus tierras y repartirlas
a sus hijos y próximas generaciones de descendientes, convirtiéndose
en poseedores, de tal suerte que el promedio de tierras pasó
de 7.9 hectáreas a 7.4 según los censos ejidales hasta 2005 (Appendini,
2010: 83). Appendini destaca, retomando un estudio del Banco Mundial
en 2001, que “los hogares con tierras certificadas se asociaban con
un ingreso mayor por actividades no agrícolas que los no certificados”
(Ibid: 88). Es decir, la propia ley les brindaba a los ejidatarios y comuneros
la posibilidad de vender o arrendar sus tierras para dedicarse a otras actividades mejor remuneradas, sin depender necesariamente de
los magros excedentes de sus cosechas.
Paralelo a ello, el Estado echó a andar un conjunto de programas sociales
que servirían como medidas compensatorias de las desigualdades
económicas que generaba la política neoliberal en todo el país, en tanto
la pobreza rural continuaba en aumento. Estas medidas se esforzaron en
corregir las fallas del mercado, asociadas a la desigual distribución de
la riqueza. Lo anterior originó diásporas multitudinarias de la población
campesina hacia los Estados Unidos y otras ciudades del país, en particular
las fronterizas. Con los antecedentes ya señalados, el estado de Sinaloa
no fue la excepción, como se verá enseguida, y que forma parte de un
análisis empírico.
Sinaloa: un caso emblemático de riqueza y contrastes sociales
El estado de Sinaloa se divide en cuatro regiones: norte, centro-norte, centro
y sur. Está compuesto por 18 municipios que destacan por su aspecto
geográfico, situación que permite la convergencia de valles, sierras y
costas. En suma territorial la entidad representa el 2.9% de la plataforma
continental mexicana (INEGI, 2010). Por décadas, Sinaloa ha sido considerado
como el granero agrícola de México y las evidencias estadísticas
y empíricas así lo demuestran. Pese a esto, el sector agrícola, compuesto
en su mayoría por ejidatarios, no ha sido beneficiado del todo con las
políticas de corte neoliberal implementadas desde la década de 1980. La
disminución de subsidios, el desmantelamiento de la banca agropecuaria,
la eliminación de los precios de garantía, la desaparición de Conasupo,
la modificación al artículo 27 de la Constitución y la incorporación de
México al TLCAN en términos desiguales, dieron pie a un sinnúmero de
manifestaciones de descontento en gran parte de la entidad durante los
últimos años de 1980 y toda la década de 1990.
Las políticas gubernamentales con estos tintes beneficiaron al sector
agroexportador de la entidad. Mejores créditos, acceso a tecnología agrícola
de última generación y mercados globales, dejando en desventaja al
pequeño productor asentado en unidades ejidales. En estas condiciones
de subsistencia, empezaría un éxodo masivo de jóvenes y familias enteras
hacia las principales ciudades de la frontera y Estados Unidos, quienes al
verse excluidos de la dinámica económica, optaron por refugiarse y emplearse
en muchos de estos centros urbanos. Las comunidades empezaron
a marchitarse ante la ausencia de una juventud, más proclive al sueño
americano, que produjera la tierra, otrora fuente de empleo y garante de
una vida digna. Los gobiernos, desde el federal al estatal, impulsaron políticas
de corto plazo, con un toque más proclive al asistencialismo que
tendiente a fortalecer el tejido productivo que de por sí iba en declive con
rumbo de una crisis estacionaria y de lenta recuperación. Aparecieron los programas sociales, cuya característica notoria es la dádiva monetaria o en
especie, enfocada a sectores vulnerables. La ausencia de voluntad política
y la escasa participación social para exigir mejoras en la calidad de vida
han conformado un coctel adecuado para las prácticas depredadoras del
capital. De modo que la producción agrícola estatal no sólo ha satisfecho
la demanda nacional, sino que ha logrado incorporarse en los mercados
globales.
Para Manzanal (1993: 14) “las especificaciones regionales y/o productivas
implican variadas estrategias de supervivencia”, entre las que
destacan: migraciones estacionales, trabajo de la mujer y los niños, diversificación
productiva, trabajo informal, tareas por cuenta propia en
servicios, etc. Estos elementos nos permiten distinguir las estrategias
de sobrevivencia familiares particulares de cada contexto, sobre todo,
porque no han sido producto de caprichos colectivos o individuales,
sino que son el resultado de complejas decisiones estatales que impactan
en toda la estructura social. Si bien, en algunos casos, ciertas formas
productivas campesinas han sobrevivido al tiempo, como señala Manzanal,
se ha debido a que algunas hoy en día “resultan funcionales a
determinado tipo de penetración capitalista” (Ibid: 14). Las estrategias
familiares de vida, las estrategias de sobrevivencia, son categorías que
están implícitas en la reproducción social, ya sea en ámbitos urbanos o
rurales; es una lucha por la existencia misma, por la reproducción de la
especie humana.
Migración y dinámica poblacional
La población es un elemento fundamental de la lógica capitalista, más
cuando existe en abundancia y sí está desempleada, mejor, pues constituye
el “ejército de reserva industrial”, como destacara Marx, insumo
que el capital requiere para reproducirse. En la tabla 1, la distribución
poblacional en la entidad refleja un aspecto fundamental para entender
muchas de las dinámicas económicas, sociales, políticas y culturales que
se desarrollan en contextos particulares de cada época. Hasta la década
de 1970 el espacio rural era poblacionalmente mayor que el urbano. El
modelo agro exportador del milagro mexicano y las vicisitudes de periodo
de sustitución de importaciones, alentado desde el centro del Estado mexicano,
favorecieron esta dinámica. A finales de esta década se empezarían
a sentir los efectos de la crisis del Estado proteccionista. El auge urbano
y la crisis en el campo de las décadas de 1980 y 1990 obligaron a miles
de campesinos a concentrarse en las ciudades. Los cambios tecnológicos
de la Revolución Verde y la sustitución de mano de obra en las labores
agrícolas mediante la introducción de nuevos medios de producción y el
desplazamiento de las formas tradicionales de producir la tierra también
formaron parte de este rompecabezas de exclusión.
Tabla 1. Distribución de la población en Sinaloa, 1950-2010.
Fuente: INEGI (1950-2010).
Cabe destacar que los ingresos por concepto de la migración dinamizan
la economía local y los programas sociales tienden a mantener a las personas
en sus comunidades en tanto que, mucho se ha dicho éstos últimos,
inhiben su capacidad productiva al servir de compensaciones débiles ante
las carencias que el propio Estado alienta mediante sus políticas de ajuste
estructural y que solo benefician a un reducido segmento de la población
en vez de fortalecer el tejido productivo rural mediante políticas públicas
acordes a las necesidades concretas de cada contexto.
La distribución de la población desde 1990- 2010 mantuvo sus vaivenes
en las zonas rurales, en particular, debido a múltiples factores internos
y externos que propiciaron éxodos masivos hacia la frontera y algunas
ciudades de Estados Unidos, como el caso de la crisis de 1994. Aunque
las tasas de la población urbana muestran un ligero descenso entre 2000
y 2010, lo cierto es que el crecimiento se contrae, es decir, mantiene un
crecimiento inferior al experimentado entre 1990 y el 2000.
Esta movilidad en la población rural también se explica a partir de
que enormes cantidades de familias del campo sinaloense se han tenido
que emplear de asalariados en las ciudades más cercanas a sus comunidades;
al mismo tiempo, las ciudades de la entidad han presenciado
un gradual desarrollo sobre todo inmobiliario, actividades en las que
incursionan de albañil, chalanes, plomeros, electricistas, etcétera, por
lo que sus ingresos se ven modificados positivamente. Al igual que en
la ciudades, en las comunidades rurales existen anillos de miseria y
pobreza, marcadas por la lógica del capital en tanto aplica novedosas
formas para producir la tierra al incorporar maquinaria agrícola con tecnología de punta situación que favorece el desplazamiento de mano
de obra rudimentaria por calificada, no obstante, recordando aquella
cita de que ciertas formas productivas campesinas han sobrevivido al
tiempo (Manzanal, 1993) debido a que hoy en día “resultan funcionales
a determinado tipo de penetración capitalista”, tal es el caso del empleo
de mano de obra en los campos hortícolas del Valle de Culiacán, Los
Mochis, Guasave y La Cruz de Elota.
Es necesario hacer mención que la movilidad poblacional campo/ciudad
en Sinaloa también ha estado enmarcada en contextos de violencia.
Durante la administración de Felipe Calderón (2006-2012), se emprendieron
acciones contra el narcotráfico, otrora fuente de ingresos para cientos
de familias de la entidad, provocando que las zonas rurales (rancherías de
la sierra, ejidos y comunidades) empezaran a ser expulsoras de muchas de
ellas. En círculos académicos de la entidad se ha mantenido la hipótesis
de que las empresas mineras son fuente de financiamiento de grupos armados,
paralelos a los cárteles locales, y que propician el despoblamiento
total de asentamientos humanos circundantes a las minas, población que
queda a la deriva y que se ve obligada desplazarse de manera forzada a las
cabeceras municipales, a comunidades con menos indicios de violencia y
ciudades más cercanas.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) no reporta
datos sobre el nivel de ingresos y las actividades a las que se dedican
los habitantes de la entidad sinaloense en 2010. Pese a esta limitación,
el INEGI muestra que los niveles de ocupación en el sector primario
resultan inferiores a los otros sectores respecto de los cambios entre
1990 y 2000. Mientras que la población ocupada en el sector primario
creció 0.019 % en el periodo señalado, el comercio casi tocaba el 1%
(0.91 %), seguido de la construcción con un 0.73%. Lo preocupante
de las cifras es la población ocupada que no recibe ningún ingreso. Se
sugiere que esta población es la que se dedica a la agricultura familiar
para el autoconsumo y que forman parte de los bolsones de la pobreza
rural (Manzanal, 1993).
El cuadro anterior muestra que es en el sector primario donde se mantiene
vigente los salarios bajos, pues a diferencia de la construcción, no
requiere de una mayor calificación de mano de obra. Datos más recientes,
indican que la población ocupada en el sector primario para 2010
había disminuido un 16.80% (Mendoza Guerrero et al, 2012). Las heterogeneidades
territoriales de la entidad propician dinámicas económicas
diversas. En un recorrido realizado por comunidades de la zona serrana
del norte de Sinaloa, no es raro observar en las márgenes de las carreteras
del municipio de El Fuerte, por ejemplo, los hornos de adobe que
familias emplean para la elaboración de pan y galletas conocidas como
coricos; hay quienes optan por la venta de elotes, frutas y verduras de
temporada.
En la zona serrana todavía se depende de la actividad agropecuaria,
en tanto que los miembros de las familias buscan otras alternativas para
allegarse ingresos. De ahí que sobresalgan familias que elaboran productos
lácteos: quesos, panelas, requesón, dulces que venden en las ciudades.
En el sur, en los municipios de Concordia, Rosario y Escuinapa, región
caracterizada por la elaboración de muebles, la pesca intensiva, el turismo,
las estrategias de sobrevivencia y las actividades traspasan los imaginarios
del desarrollo. De esta manera las familias rurales en Sinaloa logran hacer
frente a los desafíos que impone la lógica del capital en la medida que
tiende a excluir a un buen segmento de este sector. El Estado se convierte
en el pregonero de las bondades de este sistema de producción en tanto
que abandona su papel motor: regular la economía y asegurar la reproducción
de la sociedad.
La política gubernamental: programas sociales
Las políticas públicas han sido malentendidas por los gobiernos neoliberales.
La ausencia de voluntad política, la escasa participación social
en la elaboración de políticas tendientes a contrarrestar los efectos de un
proyecto de acumulación despiadado, son los ingredientes fundamentales
para acentuar y reproducir escenarios de desigualdad en las sociedades actuales,
sobre todo en aquellas en que el Estado mismo se ha encargado de
pulverizar en la medida que las fuerzas del mercado se lo exigen. Si apelamos
a que la política pública debería entenderse como un mecanismo
para las transformación social (Brand, 2011) estaríamos en condiciones de
contener las prácticas excluyentes del capital. Pese a que las dependencias
federales y estatales, encargadas de ejecutar los programas sociales, han
destacado con insistencia que su objetivo crucial es lograr la inclusión, en
la práctica son ambiguos: las situaciones de desigualdad y pobreza entre
las familias continúan reproduciéndose.
El fracaso de la política neoliberal, en términos de inclusión, ha permitido
a los gobiernos en turno echar a andar un andamiaje institucional
para desarrollar programas sociales enfocados a combatir la pobreza, el
hambre, el analfabetismo, etc., cuyos resultados no son alentadores. Más
bien se continúan agudizando los problemas. La asistencia oficial tiene
un doble filo: servir con fines electorales y también, desmoronar la capacidad
productiva de la población. Así, los programas sociales aparecen
como la evidencia más notable de la crisis en las actividades productivas.
La población no lo ve así, al menos una mayoría de los que reciben los
apoyos, sino como una forma para mantenerse en sus comunidades toda
vez que les garantiza un techo y la oportunidad de recibir un ingreso extra
que amortigüe sus gastos más básicos. La Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL), desarrolla un conjunto de programas tendientes a mitigar
estas disparidades sociales.
Tabla 3. Programas sociales y beneficiarios en Sinaloa, 20142
Fuente: SEDESOL (2014).2
El Programa Oportunidades (OPO) –hoy PROGRESA- destaca por el
número de beneficiarios en la entidad: 612,622. Su misión institucional
es la de “mejorar el ingreso y bienestar de las familias mexicanas en situación
de pobreza”, como explica en su sitio web.3 Es un programa que
busca la inclusión social mediante asignaciones monetarias y en especie
en rubros como la educación, salud, nutrición con el fin de “promover
las capacidades de la familias en extrema pobreza” (Ibid). Casi en el
otro extremo se encuentra el Programa de Opciones Productivas (POP)
con 255 beneficiarios. Su característica es que “apoya la implementación
de proyectos productivos sustentables económica y ambientalmente,
mediante la entrega de recursos económicos capitalizables para la
adquisición de activos, […] entrega apoyos integrales para la puesta en marcha o consolidación de proyectos capitalizables que permitan
ampliar la capacidad productiva de la población objetivo”.4 ¿Por qué
engrosar más el padrón de beneficiados por el Programa Prospera que el
de las Opciones Productivas? Es una interrogante sin respuesta concreta
pero sí con vagas interpretaciones. Lo cierto es que la política pública
hacia el sector agropecuario mengua la responsabilidad del Estado para
garantizar con certidumbre la inclusión social, que se demuestra no sólo
con resolver necesidades básicas, sino complejas como el empleo y la
incubación de una nueva economía basada en actividades productivas
incluyentes, más allá de trámites y procesos burocráticos engorrosos.
Los programas sociales no garantizan la reproducción social, la complican.
La migración se convierte en un paliativo de largo plazo ante las
desavenencias de un Estado que simula garantías a las familias. Tanto la
migración como los programas sociales, se constituyen en el seno de las
unidades domésticas como estrategias permanentes para sobrevivir y reproducirse
en ese hábitus creado para y por ellos.5 No existe consonancia
mutua entre las dinámicas productivas y el asistencialismo exacerbado. La
política pública no tiene que ser condenada a un status inferior, ni tampoco
condecorada con apapachos oficiales.
2 OPO: Programa Oportunidades (hoy PROSPERA) (monetario); LICONSA: Programa de Abasto Social de Leche a cargo de LICONSA S.A de C.V (Producto subsidiado en especie); PAM: Programa de Pensión para Adultos Mayores (apoyo monetario); PAL: Programa de Apoyo Alimentario (apoyo monetario); PDZP: Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (monetario); PEI (MPT): Madres y Padres Trabajadores del Programa Estancias Infantiles (monetario); 3X1 Mig: Programa 3x1 para Migrantes (monetario); PET : Programa de Empleo Temporal (monetario/en especie); PAJA : Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (monetario/especie); FONART: Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (monetario); POP: Programa Opciones Productivas (monetario).
3 Véase: https://www.prospera.gob.mx/Portal/wb/Web/funciones_prospera.
4 Véase: http://www.sedesol.gob.mx/en/SEDESOL/Opciones_Productivas.
5 Para Bourdieu (1993: 31) hablar de estrategias es referirse a los “conjuntos de acciones ordenados en procura de objetivos a más o menos largo plazo, y no necesariamente planteadas como tales, que los miembros de un colectivo tal como la familia producen”.
La agricultura familiar: aproximación a una alternativa para Sinaloa
La agricultura familiar (AF) es una categoría novedosa en los ámbitos
académicos y políticos de Argentina. Arzeno y Ponce mencionan que esta
categoría surge en Brasil como un “espacio de negociación entre el Estado
y las organizaciones sociales y sindicales de representación de los
pequeños productores” (2013: 73). El Estado desempeña una función fundamental
en el desarrollo agropecuario del país sudamericano, al diseñar
políticas públicas encaminadas a fortalecer el mercado interno mediante
la agricultura familiar y el mercado externo, otorgando incentivos crediticios
y refaccionarios a pequeños y grandes productores agrarios. La AF se
plantea a partir de tres elementos: inclusión social, seguridad alimentaria
y protección al medio ambiente y añadiríamos, como un mecanismo de
emancipación del campesino ante un capitalismo injusto y desigual. En
este sentido, para Arzeno y Ponce la AF se presenta también como un
“ejercicio de hegemonía de los sectores líderes de la agroindustria local”
(Ibid). Según el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (ReNAF), a
marzo de 2014 se tenían contabilizados 86,721 Núcleos de Agricultores Familiares (NAF). El gráfico siguiente presenta el desglose por provincia
agrupado en cinco regiones: Pampeana, Noroeste Argentino, Noreste Argentino,
Cuyo y Patagonia.6 El ReNAF define al NAF
como aquella persona o grupo de personas, parientes o no, que habitan bajo un mismo techo en un régimen de tipo familiar, es decir, comparten sus gastos en alimentación u otros esenciales para vivir y que aportan o no fuerza de trabajo para el desarrollo de alguna actividad del ámbito rural. Para el caso de poblaciones indígenas equivale al de comunidad (Res. 255/07).7
Además se requiere cubrir una lista de parámetros para adquirir la
cualidad de agricultor familiar: a) Ingresos netos totales, del NAF; b)
Porcentaje de los ingresos extra prediales respecto al total de ingresos,
ambos del NAF; c) Empleo de mano de obra complementaria; d) La
residencia será en el predio o la micro región o en el territorio; e) Mano
de obra familiar participa en el trabajo, gerencia y administración; f) Recursos
productivos utilizados compatibles con la actividad desarrollada
y con la tecnología desarrollada (Ibid).
En entrevista a la Dra. Mariana Arzeno, investigadora del PERT, ella
comenta que la agricultura familiar es una “categoría política dado que
surge en el ámbito de las políticas públicas, como un término que engloba
toda una diversidad de sujetos sociales agrarios, […] que tienen en
común el empleo de mano de obra familiar”.8
6 Disponible en internet: http://www.renaf.minagri.gob.ar/documentos/InformeNacional2014. pdf. Fecha de consulta 04/abril/2015.
7 Disponible en internet: http://www.renaf.minagri.gob.ar/documentos/Res-255_07. pdf. Fecha de consulta 04/abril/2015.
8 Investigadora del Programa en Estudios Regionales y Territoriales (PERT), Instituto de Geografía, UBA. Entrevista realizada el día 01/abril/2015.
En el caso de Argentina, es una categoría que entra a través del Mercosur
por el proceso que se venía dando en Brasil. Para Arzeno el problema
del agro en Argentina tiene matices muy particulares: a diferencia de otros
países de América Latina, no existe una discusión profunda sobre el campesinado,
más bien se trata de ubicar a éste campesino como parte de una
producción de autosuficiencia; en el caso del agricultor familiar se hizo
más evidente sobre el farmer pampeano o los colonos (productores que se
habían asentado en algunas provincias, incentivadas por las políticas de
colonización de finales del siglo XIX e inicios del XX).
Se insiste en que una reforma agraria no es posible en Argentina.
¿Qué hace el gobierno en este caso? Realiza alianzas con sectores campesinos
más vulnerables e incrementa el presupuesto, de esta manera se
convierte en una estrategia para dar algunas mejoras sin que se resuelva
el problema de fondo, es decir, el reparto de la tierra, como bien menciona
Arzeno. Existe un antecedente asociado a un conflicto que se hizo notable en 2008: el conflicto del campo, en el cual todo el sector que se vio
favorecido con la expansión de la soja entra en conflicto con el gobierno
por la política de retenciones, por lo tanto, aquellos sectores campesinos
que no se identificaban con estos productores, se identificaron con el
gobierno (Entrevista a Arzeno, 2015). Eso implicó posteriormente que
entre 2009 y 2010 se creara el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca (MAGyP) y de ahí la Secretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo
rural y dentro de ésta se crea la Subsecretaría de Agricultura
Familiar, enfocada a atender al pequeño productor. Asimismo se elaboró
el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial, Participativo y
Federal 2010-2016 (PEA) que contemplaba la participación de diversos
actores sociales del sector, procurando asegurar la “eficiencia productiva,
la equidad territorial, la inclusión y justicia social”. El plan se
enmarca en un contexto internacional que “demanda políticas de largo
plazo que logren resolver problemas sociales de índole global”, idea que
deviene de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, documento signado
por 147 jefes de Estado en el 2000 en la sede de Naciones Unidas, en
Nueva York, EUA.9
La categoría de agricultura familiar no sólo posee una dimensión económica,
sino política (y cultural, social, ambiental), porque ahí están implícitas
las tensiones entre los actores agrarios. En el caso argentino, al
asumirse como política pública, se otorga también una definición particular
como la sugerida por la Federación de Organizaciones Nucleadas de la
Agricultura Familiar (FONAF):
es una “forma de vida” y “una cuestión cultural”, que tiene como principal objetivo la “reproducción social de la familia en condiciones dignas”, donde la gestión de la unidad productiva y las inversiones en ella realizadas es hecha por individuos que mantienen entre sí lazos de familia, la mayor parte del trabajo es aportada por los miembros de la familia, la propiedad de los medios de producción (aunque no siempre de la tierra) pertenece a la familia, y es en su interior que se realiza la transmisión de valores, prácticas y experiencias.10
9 MAGyP (2010). Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial, Participativo y Federal 2010-2016. Argentina, Presidencia de la Nación. Disponible en internet: http://www.iade.org.ar/uploads/c87bbfe5-d9a8-468c.pdf. Fecha de consulta 04/ abril/2015.
10 Disponible en internet: http://www.fonaf.org.ar/index.php/documentos/preguntasfrecuentes. Fecha de consulta 04/abril/2015
La AF forma parte de la política del gobierno argentino, planteada
por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGYP). Y se
institucionalizó mediante una Secretaría de Agricultura Familiar, en
2008, desde el denominado “conflicto del campo” de ese mismo año
(Ibid). La Secretaría está embonada a las Secretarías provinciales.11 En
provincias del norte, como Misiones, la AF ha cobrado notoriedad al incorporar
a pequeños productores de yerba mate, mandioca, caña de azúcar,
productos lácteos, entre otros; al interior de la agricultura familiar
en estas regiones se desarrollan saberes técnicos, respetuosos del medio
ambiente al no utilizar agroquímicos, fertilizantes y semillas mejoradas
genéticamente. La seguridad alimentaria se fortalece con las ferias
francas, pues su objetivo es el de “acercar el productor al consumidor.
Al suprimirse algunos eslabones de la cadena comercial, se abaratan los
productos. Pero no solamente los alimentos se abaratan. También se mejora
el acceso a una variedad a la que, de otro modo, ciertos sectores no
tienen posibilidades de llegar”.12 Ahí confluyen familias de productores
para vender sus productos, dando pie a lazos sociales entre ellos y los
consumidores.
La AF no se aplica como tal en el mundo rural, es decir, de manera homogénea.
Se debe tener cuidado en las variables que la componen: tipo de
productor, extensión cultivable, etc. La AF mantiene implícita la idea de
la soberanía alimentaria que implica no sólo la producción de alimentos
propios, uso de tecnología nacional, y aprovechamiento de la creatividad
de sus habitantes para la explotación amigable de la tierra sin el empleo
intensivo de agroquímicos y semillas modificadas genéticamente.
11 En el caso de México una provincia es el equivalente a una entidad federativa o estado.
12 “La feria franca en Lujan. Cartilla para municipios interesados en replicar la experiencia”. Disponible en internet: http://www.argeninta.org.ar/diagonal/leyes/ OTRAS%20FERIAS/Feria%20Luj%C3%A1n.pdf. Fecha de consulta 15 de febrero de 2015.
Ahora bien, para casos concretos, no existe un modelo alternativo
de desarrollo que haga frente a las formas concretas de explotación y
exclusión del capital. Una razón simple se sustenta en un hecho: las
regiones, localidades, países son producto de procesos socio históricos
diferenciados en los que están implícitos hábitos, saberes acumulados,
costumbres y tradiciones. La lógica capitalista en su fase más notable,
el neoliberalismo, posee una particularidad: la homogenización de las
relaciones de producción y explotación en todo el mundo. En esta vertiente,
los modelos de desarrollo alternativos poseen una contradicción
pragmática, creer que lo que es bueno para A es bueno para B. Pretender
que con importar o copiar modelos se resuelve el problema de la
desigualdad social, a nuestro parecer, es un golpe a la creatividad de
los pueblos al no ajustarse a sus necesidades y problemáticas históricas.
Algunos modelos subrayan la necesidad de la economía solidaria.
La distancia entre modelos y alternativas es amplia. El modelo se copia,
se diseña de forma irregular; la alternativa surge de las prácticas cotidianas, en el seno de territorios específicos, con historia, opciones que surgen
desde adentro. Una alternativa ligada a la AF es la feria franca (FF),
actividad que obstaculiza que la cadena intermediaria se apropie del excedente
de la producción sugiere Cecilia. La feria franca es una actividad
donde se comercializan los productos agropecuarios traídos directamente
del campo y ofrecidos al consumidor a precios razonables eliminando al
intermediario, actor causante del encarecimiento de la producción.
Comentarios finales
Las familias del campo México han tenido que sortear los cambios en la
política agropecuaria impulsada desde el gobierno de Miguel de la Madrid
Hurtado (1982-1988) y consolidada durante la administración de Carlos
Salinas de Gortari (1988-1994), resultados que han tenido matices excluyentes;
si agregamos a ello los cambios climáticos que han impactado de
manera desfavorable en los cultivos, ya sea con intensas lluvias, heladas
consecuentes y sequías prolongadas en gran parte del territorio nacional.
Los efectos sociales no se hacen esperar: migración, pobreza, inserción en
la delincuencia, etcétera, fenómenos que el Estado atiende muy a la ligera
con políticas y programas asistencialistas. En la medida que la agricultura
campesina va en declive, las opciones de desarrollo tienden a menguar
propiciando un conjunto de fenómenos que diluyen este núcleo social. La
ausencia de políticas públicas encaminadas a mantener a las familias en
el campo representa un incentivo para generar procesos migratorios, por
ejemplo, y la incorporación de un nutrido grupo al trabajo asalariado en
actividades ajenas a las agrícolas.
Las estrategias de sobrevivencia familiares como parte de ese mecanismo
de defensa o resistencia ante la debacle que pregona en su postura más
conservadora la economía capitalista, resultan formas de las familias más
vulnerables para allegarse de ingresos, lo que les permite vestir, alimentarse,
tener acceso a servicios de salud, educación, esparcimiento, en una
palabra, reproducirse. Las estrategias de sobrevivencia son la expresión
unánime de la lucha por la existencia misma.
Sinaloa posee sus particularidades. En virtud de esto, es posible planear
futuros estudios de caso en los que se analicen las “estrategias de
sobrevivencia familiares”. Aquí sólo hemos descrito de manera breve los
elementos para desarrollar un estudio extenso y profundo. Las familias
del medio rural necesitan vivir, no sobrevivir o subsistir. Y nos queda la
interrogante: ¿Dónde está el Estado?
Bibliografía
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