“NO CIUDADANÍA” Y DISCAPACIDAD: EXCLUSIÓN SOCIAL Y
DISCRIMINACIÓN
Introducción
Las personas con discapacidad han sido
un colectivo conformado por individuos que han sufrido exclusión social siendo
caracterizados de dependientes, inútiles y sobre todo individuos no capaces de
ejercer su propia ciudadanía teniendo como consecuencia el poseer una cultura
política débil y a su vez una pasiva participación ciudadana.
Son un grupo vulnerable al cual no se le
han respetado sus derechos civiles, políticos y sociales. Su ciudadanía se ha
visto trasgredida por el Estado y la sociedad al no permitirles ser
participantes activos en los aspectos de interés público debido a la concepción
que se posee sobre la discapacidad.
Es ineludible una modificación en el
sistema de valores que tienen las comunidades de países subdesarrollados hacia
las personas con discapacidad. La finalidad es lograr una inclusión integral
del colectivo y que éste pueda disfrutar de un pleno ejercicio de sus derechos
como ciudadanos, tal como sucede en países primermundistas.
Es una situación difícil de lograr
debido a los obstáculos para la adecuada aplicación de las leyes, entre ellas:
ausencia de conciencia por parte del colectivo para organizarse y luchar por
sus derechos, falta de sensibilización por parte de la sociedad e incapacidad y
falta de compromiso del Estado para ejecutarlas.
Para hacer la diferencia es necesario
derrumbar las barreras que impiden el acceso a los derechos fundamentales y con
ello poder garantizar una vida democrática; sin embargo, todo esto sólo será
posible si se cuenta con el ingrediente principal para lograrlo: el interés y la
participación de los actores claves, es decir, del colectivo que conforman las
personas con discapacidad.
Desarrollo
Desde hace mucho tiempo atrás, las
personas con discapacidad han sido excluidas de la sociedad por ser
consideradas un grupo minoritario reconocido por categorías peyorativas como:
no-ciudadanos, personas con poca capacidad, dependientes de terceros, entre
otras.
La exclusión no es una noción
completamente nueva, fue en Francia donde se utilizó por primera vez y a lo
largo del tiempo ha sido utilizada para designar fenómenos sociales de
diferente naturaleza.
Entenderemos exclusión como “un proceso
mediante el cual un sistema social, por razón de la actuación consciente o
inconsciente de sus miembros o instituciones, restringe o impide,
sistemáticamente, pero con repercusiones en el día a día, la libertad y los
derechos de los individuos, grupos o comunidades para participar en las
decisiones que les afectan o limitan en el ámbito social, económico, político,
cultural o ambiental.” (González et al 2009:18)
Se aprecia entonces que la exclusión es
un problema estructural que abarca diferentes aspectos de la vida humana, entre
los que se encuentran aspectos sociales, económicos, políticos, culturales;
mismos que afectan de manera más severa a grupos sociales que son víctimas de
un grado mayor de segregación.
Esta ocasión el presente trabajo se
centra en uno de dichos grupos sociales
víctima de segregación, las personas con discapacidad; enfocando esta
situación de exclusión y discriminación en el aspecto de su vida política.
Las personas con discapacidad han sido
uno de los grupos vulnerables a lo largo de la historia de la sociedad que no
han gozado del pleno ejercicio de sus derechos: civiles, políticos y sociales.
En consecuencia a esta situación este colectivo ha sido víctima de la exclusión
política, entendiendo ésta como “una limitación o imposibilidad de la población
para participar en el ámbito público de las decisiones que les afectan.”
(González et al, 2009:11)
Es decir, la participación de los
ciudadanos es restringida hasta en las cuestiones que se ven involucrados
directamente; sus posibilidades de intervención en los asuntos públicos
terminan siendo prácticamente nulas. Sus derechos y libertades fundamentales
son transgredidos y al no existir participación ciudadana por parte de ellos en
los diferentes asuntos de interés públicos los principios de democracia son quebrantados.
En los últimos años, diferentes
organizaciones han trabajado por defenderlos derechos del colectivo con la
finalidad de reducir los niveles de discriminación y lograr su integración en
la sociedad. Se busca que los ciudadanos puedan disfrutar de una ciudadanía
plena y con igualdad de derechos que los demás individuos.
Para el caso de las personas en
situación de discapacidad la definición de los derechos ciudadanos se hace a
través del Estado, en específico con la promulgación de normas jurídicas y
administrativas, y se concreta con la puesta en marcha de planes, programas y
acciones intersectoriales diseñadas y presupuestadas para que garanticen la
vida digna y la plena inclusión de estas personas (Cruz y Hernández, 2006).
México ha llevado a cabo diferentes
trabajos, acciones, leyes y programas sobre diferentes aspectos que involucran
la discapacidad, pero que por desgracia todos ellos se derivan de acuerdos
internacionales, que poco o nada tienen que ver con la construcción de
ciudadanía para este colectivo. (González, 2010)
Dentro de las acciones realizadas por el
país encontramos en el año 2003 la creación del Consejo Nacional para Prevenir
la Discriminación (CONAPRED) que tiene como misión contribuir a que toda
persona goce sin discriminación de todos los derechos y libertades consagrados
en el orden jurídico mexicano.
En el 2005 se dispuso la creación del Consejo
Nacional para las Personas con Discapacidad (CONADIS) para asegurar el
cumplimiento de los derechos de las Personas con Discapacidad y contribuir a su
desarrollo integral y plena inclusión.
De dichos programas se desprendió la
elaboración de leyes que involucran el tópico de la discapacidad en el país,
las cuales son: Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, la Ley
General de Personas con Discapacidad, así como, Leyes de Discapacidad en las
diferentes entidades federativas que conforman el país.
Otro hecho importante referente a la
discapacidad en el país es la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (CDPD) firmada por México ante las Naciones Unidas y ratificada
por el Senado de la República en el año 2008.
Esta convención tiene como propósito
“promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de
todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas
con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.” (CDPD, 2013)
Dentro de sus principios encontramos:
- · Respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas;
- · La no discriminación;
- · La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;
- · El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas;
- · La igualdad de oportunidades;
- · La accesibilidad;
- · La igualdad entre hombre y mujer;
- · El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.
Con referencia al tema de la ciudadanía
y la participación ciudadana, esta convención cuenta con un artículo dirigido a
dicha temática; el artículo 29 denominado “Participación en la vida política y
pública” el cual se determina de la siguiente manera:
Los
Estados parte garantizarán a las personas con discapacidad los derechos
políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las
demás y se comprometerán a:
- Asegurar
que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la
vida política y pública en igualdad de condiciones con los demás, directamente
o a través de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la
posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas.
- Promover
activamente un entorno en el que las personas con discapacidad puedan
participar plena y efectivamente en la dirección de los asuntos públicos, sin
discriminación y en igualdad de condiciones con las demás, y fomentar su
participación en los asuntos públicos.
En el 2009, CONADIS fue nombrado por las
Naciones Unidas como el organismo encargado de coordinar las acciones
para aplicar la Convención en nuestro país. Durante ese mismo año,
apareció el Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con
Discapacidad (PRONADDIS) cuya misión es “conjuntar políticas de Estado y
conducir la operación de estrategias en las instituciones del sector público en
los tres órdenes de gobierno, para contribuir al desarrollo integral e
inclusión plena de las personas con discapacidad y sus familias en la vida
social, política y productiva del país, con absoluto respeto a sus derechos
humanos y libertades fundamentales” (PRONADDIS, 2009:25)
El PRONADDIS a su vez sienta las bases
para transitar de una política asistencialista para personas con discapacidad a
una política que facilite el ejercicio pleno de sus derechos, así como su
participación efectiva en la vida social, económica y política del país, en
condiciones de igualdad de oportunidades con los demás miembros de la sociedad.
Con dichas acciones y leyes promulgadas
podría pensarse que México se encuentra en excelentes condiciones en cuanto al
ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y que difícilmente
podrían presentarse casos de exclusión y discriminación en el país, aun así se
presentan diferentes retos para lograr alcanzar tal realidad.
En primera instancia “el desafío es
mayor porque la discriminación se ejerce en un contexto de lo que podría
considerarse una “doble realidad”” (Luis, 2012: 171), es decir, todos los
discursos y documentos oficiales han hecho énfasis en el pleno ejercicio de los
derechos humanos y la no discriminación pero no se ha llevado a cabo una
gestión efectiva de promoción y defensa de los mismos.
Anexo a eso, tenemos la resistencia al
cambio y la falta de información por parte de los ciudadanos. Pensar que la
solución está por ejemplo en otras instancias de gobierno y no en las acciones
de cada uno de nosotros sólo refuerza el escenario cultural de la exclusión y
discriminación entre la ciudadanía. (Morera, 2012)
A pesar de que en México no se tiene la
cultura de la adecuada aplicación de las leyes, las mencionadas hasta el
momento así como las diferentes acciones realizadas por el país podrían hacerse
valer por las personas que conforman el colectivo de personas con discapacidad
y las diferentes organizaciones interesadas en la temática.
Sin embargo, no asumimos nuestra
responsabilidad como ciudadanos para lograr un cambio verdadero, esto debido a
la participación pasiva que presentamos y la indiferencia hacia los problemas
de los demás individuos que consideramos sus necesidades y demandas no son de
nuestro interés.
Para conseguir una ciudadanía activa es necesario un sentimiento de pertenencia a la comunidad que se conseguirá con la participación y el reconocimiento por parte de la sociedad y el compromiso y la responsabilidad por parte de los ciudadanos y ciudadanas, todo ello bajo un marco legal que proporcione equidad en las oportunidades (Geva, 2011).
Lograr una ciudadanía activa y equidad en
las oportunidades para las personas con discapacidad sería el ideal, sin
embargo, el lograrlo ha sido una tarea difícil debido a las concepciones y
prejuicios que existen en la sociedad sobre sus capacidades y habilidades. Esto
tiene como consecuencia el evitar que el colectivo de discapacidad pueda
desarrollar un sentimiento de pertenencia en la sociedad que se desenvuelve y
en consecuencia pueda incluirse a su entorno.
Además, se agrega el poco reconocimiento
que tienen las personas con discapacidad en los diferentes estudios de opinión
pública que se realizan a nivel internacional, nacional y regional. A nivel
internacional, un tipo de medición como el
Eurobarómetro sólo toma en cuenta a las personas con discapacidad desde el punto de vista de la pobreza (Eurobarómetro, 2011). Por su parte, el Latinobarómetro hace mención que dentro de los problemas principales se encuentran la discriminación, así como que la democracia se ve retenida por la desigualdad en el acceso a bienes políticos y económicos, pero no hace énfasis en ningún colectivo segregado en específico ni en la ciudadanía y participación de los mismos dentro de los diferentes aspectos públicos de la sociedad (Latinobarómetro, 2011).
Con referencia a estudios de nivel
nacional, en México se llevó a cabo la Encuesta Nacional sobre Cultura Política
y Prácticas Ciudadanas 2012 (ENCUP), la cual a pesar de que el 5% de la
población total del país son personas con discapacidad no hace referencia a la
participación ciudadana de los miembros de este colectivo.
Respecto a tipos de discriminación en el
país, sólo menciona discriminación por: edad, clase social, color de piel,
preferencias sexuales, preferencias políticas, creencias religiosas y
apariencia; en ningún momento hace referencia a la discriminación por causas de
discapacidad. El único caso donde menciona el caso de las personas con
discapacidad es en cuestiones con nula relación a su ciudadanía y participación
en los aspectos públicos que involucran a la sociedad.
En el ámbito regional a nivel estado, en
el año 2008 se realizó la Encuesta sobre Cultura Política en Sinaloa, en la
cual las personas en situación de discapacidad tampoco son tomadas en cuenta
para estudiar sus niveles de ciudadanía y participación ciudadana.
Con este nulo interés demostrado hacia
las personas que conforman el colectivo de personas con discapacidad por parte
del Estado y de la misma sociedad muy difícilmente éstas podrán ser incluidas
en las actividades de interés público debido a que al no tomarse en cuenta
tampoco se despierta en ellas el interés por lograrlo.
Los actores sociales, en este caso las
personas con discapacidad, necesitan de una planificación centrada a la medida
de sus necesidades y de su contexto comunitario (Aznar y González, s/f/v). Algo
que en México a pesar de todas las medidas legislativas e institucionales
implementadas para lograrlo no ha sido posible puesto que no se ha hecho lo más
importante, escuchar a las personas que conforman el colectivo y con base a
ello prestar atención a sus demandas.
Se requiere crear condiciones de oportunidad que posibiliten el cumplimiento de los derechos sociales para así poder asegurarles derechos equivalentes de ciudadanía; de lo contrario, continuaran siendo personas excluidas consideradas como no ciudadanos, desprovistas de los derechos y libertades que gozan los demás individuos y poseedores de una ciudadanía frágil.De acuerdo con Morera (2012) el mejor antídoto contra la discriminación en todas sus formas es partir de la igualdad y construir la equidad y la justicia; algo que aún no disfrutan muchos mexicanos que conforman las minorías existentes en el país.
Estas condiciones de oportunidad sólo
podrían ser propiciadas por la población que es afectada debido al nulo
reconocimiento de su ciudadanía como son las personas con discapacidad por
parte del Estado y la población. “La lucha contra la discriminación es parte
esencial en la lucha por la consolidación democrática” (Ibid:157). Por tanto, el colectivo debe luchar y movilizarse por
tener una presencia efectiva en aspectos de índole públicos y políticos de la
sociedad sin ser excluidos de los mismos.
Debe existir una relación de poder entre
Estado y ciudadanos, ya que se requiere del poder del Estado para que pueda
reconocer los derechos y obligaciones de los integrantes que conforman su
pueblo, pero a su vez otorgar suficiente poder a los habitantes para que puedan
ser partícipes de las decisiones que les involucran como sociedad.
Aunque esto aún no es una realidad en
México, esta situación ha sido realizada en mayor o menor medida en diferentes
países, por ejemplo España que puede considerarse actualmente como país modelo
en ésta y diferentes cuestiones más en torno al tema de la discapacidad.
Con la promulgación de la Constitución de 1978, inicia en España una nueva etapa en el tratamiento jurídico y social de las personas con discapacidad. Las normas jurídicas destinadas a las personas con discapacidad cumplen una función protectora, derivada de la situación peculiar que estos ciudadanos viven (Andréu et al, s/f/v).
Con dicha constitución se establecen
prácticas generalizadas para proteger a las personas con discapacidad y con
ello satisfacer la necesidad de integrarlas en el entorno social.
Por su parte en el contexto mexicano,
las diferentes acciones y legislaciones realizadas han sido con la finalidad,
al menos en teoría, de promover los derechos humanos, la plena inclusión y
participación de las personas con discapacidad pero dicha teoría aún se
encuentra muy alejada de convertirse en una realidad para el colectivo de
discapacidad en el país.
Para lograr dichas intenciones es
necesaria la implicación y participación de toda la comunidad en el trabajo
hacia una ciudadanía inclusiva, que incida en la calidad de vida de las
personas (Geva, 2011). Escenario que en el país aún no se ha suscitado por
actitudes de indiferencia existentes en la población en general, mismas que han
sido comentadas anteriormente en este trabajo.
Las diferencias entre España y México
distan entre los aspectos normativo y positivo. México parece haber llevado a
cabo diferentes acciones en pro del colectivo con discapacidad, sin embargo, la
mayor parte de ellas se han quedado solamente plasmadas en las legislaciones.
Por su parte, España y sus habitantes han presentado una participación activa
en pro de sus derechos y garantías, han luchado por ser considerados ciudadanos
y tal ciudadanía poder ejecutarla en plenitud; son dichas luchas las que han
facilitado la formalización de determinados derechos.
Pero ¿por qué si en México se cuenta con
legislaciones que pueden considerarse adecuadas en este rubro no se ha logrado
la inclusión social y pleno ejercicio de ciudadanía de las personas con
discapacidad?
Una posible respuesta podría radicar
principalmente en que dichas políticas y derechos logrados han llegado de
rebote al país. De esta forma, no se logra la misma inclusión y ejercicio
ciudadano en el país de parte del colectivo debido a que la población no sufrió
ni lucho por ellas, fue un acto realizado y aceptado por altos mandos y que por
la falta de una cultura asociativa, un sistema de valores poco tolerante e
inclusivo con la discapacidad y la poca difusión al respecto no se logra
conseguir una participación real en la sociedad puesto que en ocasiones ni las
mismas personas con discapacidad tienen conciencia de los derechos que poseen y
las legislaciones vigentes para su beneficio.
Es necesario inculcar en la sociedad valores como la justicia y la solidaridad, pues constituyen los dos grandes principios que han de guiar la construcción de esa sociedad donde todos quepamos, dentro del respeto a los derechos que todas las personas tenemos, más allá de que la discapacidad esté o no presente. No hay que olvidar, por otra parte, que todos somos temporalmente válidos (Vega y López, 2011).Al tener en cuenta que todos somos temporalmente válidos por cuestiones demográficas y/o acontecimientos de la vida, tanto la dependencia como la discapacidad son factores que refuerzan la exclusión social, por tanto deben sistemáticamente abordarse desde una estrategia que tenga como objetivo central el logro de una inclusión integral.Por tanto, desde el punto de vista de la discapacidad y la dependencia, deben garantizarse las condiciones necesarias para que el ejercicio de la ciudadanía sea una posibilidad real, y no sólo una quimera (López, s/f/v).
Es necesario hacer de la discapacidad
una condición de vida común y visible ante la sociedad, para que de esta forma
pueda formarse una cultura de la misma y los integrantes del colectivo puedan
con ello ejercer de una manera más fácil sus derechos y ciudadanía en la
sociedad y los diferentes ámbitos de su vida.
En algunos
países se ha logrado y no sólo ha aumentado su visibilidad sino que también ha
experimentado cambios significativos en su abordaje, pasando desde un enfoque
que consideraba a las personas con discapacidad como víctimas, objetos de
caridad y beneficiarios de programas hacia una mirada que las concibe como
sujetos de derechos, participantes y actores, reconociendo su contribución a la
sociedad y reclamando su integración (Savedoff, 2006; Mujica y Calle, 2006 en
Stang, 2011).
A pesar de que aún no se dan las condiciones objetivas para la integración real como ciudadanos de pleno derecho y la participación activa en los espacios sociales de ciudadanía ejerciendo la autodeterminación en su protección legislativa (Jiménez, s/f/v). Puede decirse desde el punto de vista formal, que el ordenamiento jurídico de las últimas décadas, ha tratado de legislar principalmente en dos vertientes: por un lado, favoreciendo la rehabilitación funcional de las personas con discapacidad y, por otro, promoviendo el desarrollo de sus derechos, principalmente los sociales (Díaz, 2010).
Esto ha permitido que aunque aún falta
mucho trabajo para lograr erradicar la exclusión social del colectivo de
personas con discapacidad en la sociedad y cambiar la concepción que se tiene
sobre el mismo y sus integrantes, al menos se ha logrado un avance al ser más
visibles y tomados en cuenta en el ámbito legislativo coadyuvando a mejores condiciones
de vida y a permitirles reforzar su ciudadanía sin dejar de luchar por una
integración integral en los diferentes aspectos de la sociedad.
Conclusiones
Las personas con discapacidad han sido
consideradas como personas marginadas y dependientes. No poseen igualdad de
oportunidades como los demás miembros de la sociedad y sus derechos no son
ejercidos teniendo como consecuencia una ciudadanía frágil o nula.
Es compromiso y responsabilidad del
Estado asegurar y garantizar la integración de estas personas en los circuitos
de ciudadanía, producción, consumo y acceso a bienes públicos ya que con la
reproducción e incidencia de diferentes formas de desigualdad y vulnerabilidad
es posible un incremento en el riesgo de exclusión social hacia las personas con
discapacidad, consideradas actualmente por la mayoría de la población como poco
aptas para participar en sociedad.
Se trata de eliminar todo tipo de
barreras que impiden la participación del colectivo de discapacidad en la
sociedad. Es necesaria una modificación en el sistema de valores y en la manera
de percibir a la discapacidad y a las personas que se encuentran en situación
de la misma para poder lograr avances efectivos.
Para construir y decir que en verdad
poseemos una sociedad democrática es indispensable el ejercicio de la plena
ciudadanía de las personas con discapacidad y demás grupos vulnerables. Es
necesario poder brindarles igualdad de oportunidades económicas, políticas y
sociales sin olvidar el tomar en consideración su voz y escuchar sus necesidades.
El papel de las personas con
discapacidad y las diferentes organizaciones es de medular importancia para
hacer valer las leyes y lograr la ampliación de la democracia hacia una
democracia participativa donde todos los ciudadanos puedan participar en las
acciones públicas.
De lo contrario no será posible porque
por un lado el gobierno hace como que hace al sólo implementar leyes y no tener
la capacidad de ejecutarlas de la manera adecuada y por el otro el colectivo
presenta una participación pasiva y de esta manera muy difícilmente se logrará
el cambio deseado, la inclusión del colectivo de personas con discapacidad en
los diferentes aspectos de la sociedad.
Bibliografía
Andréu,
J, Ortega, J, Pérez, A. (s/f/v) Sociología de la discapacidad Exclusión e
inclusión social de los discapacitados. Revista
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Vol. 45. Pág. 77-107.
Disponible en:
http://www.empleo.gob.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/Revista/numeros/45/estudio4.pdf
Aznar,
A. y González, D. (s/f/v) La gestión de la ciudadanía de las personas con
discapacidad (2ª Parte) Fundación ITINERIS - Talleres de Capacitación
Institucional en Discapacidad. Disponible en:
http://www.itineris.org.ar/files/Autogesti%C3%B3n%20II.pdf
CDPD
– Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2013)
“Artículo 1. Propósito” en Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad. Protocolo Facultativo. Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación. México.
Cruz,
I. y Hernández, J. (2006) “Ciudadanía,
exclusión social y discapacidad” en Exclusión social y discapacidad. Bogotá,
Editorial: Universidad del Rosario.
Díaz,
E. (2010) Ciudadanía, identidad y exclusión social de las personas con
discapacidad. Política y Sociedad,
2010, Vol. 47 Núm. 1: 115-135. Disponible en:
http://www.um.es/discatif/documentos/PyS/8_Diaz.pdf
ENCUP
- Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (2012)
Cuestionario. Págs. 43-73. Consejo Estatal Electoral de Sinaloa. México.
Eurobarómetro
(2011) Informe Nacional España. Anexos. Disponible en:
http://ec.europa.eu/spain/pdf/eb/eb76-encuesta-esp.pdf
Geva,
Elisabet (2011) De la discapacidad a la participación social: Un compromiso
como ciudadanos en el marco del XII
Congreso Internacional de Teoría de la Educación. Disponible en:
http://www.cite2011.com/Comunicaciones/A+R/209.pdf
González,
Raúl (2006) Teoría y práctica social de la discapacidad. Organizaciones
ciudadanas: hacia una cultura de la inclusión. UAS. México.
--------------------
(2010) Política Social y organizaciones en torno a la discapacidad. Servicios
editoriales Once Ríos, S.A. de C.V. México.
González,
Raúl et al (2009) “Ciudadanía y exclusión/discriminación: retos y oportunidades
de la democracia” en Exclusión social y democracia. Los retos y las
oportunidades. Yoltéotl. Guadalajara,
México.
Jiménez,
J. (s/f/v) Procesos de exclusión social: redes de participación en personas con
discapacidad en el marco del IV CONGRESO ESTATAL DEL/A EDUCADOR/A SOCIAL.
Disponible en: http://www.eduso.net/archivos/IVcongreso/comunicaciones/c37.pdf
Latinobarómetro
(2011) Latinobarómetro Cuestionario 2011. Disponible en:
http://www.latinobarometro.org/latContents.jsp
López,
A. (s/f/v) Democracia, discapacidad y dependencia: ¿qué papel juega la noción
de ciudadanía en las declaraciones y recomendaciones internacionales?Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. Vol. 65. Pág. 13-23 Disponible en:
http://www.empleo.gob.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/numeros/65/Est01.pdf
Luis,
Mario (2012) “Participación ciudadana, crisis social y discriminación” en
Caminos por la igualdad. Ciudadanía y no discriminación. Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación. Matices. México.
Morera,
María (2012) “El papel de la ciudadanía en la lucha contra la discriminación”
en Caminos por la igualdad. Ciudadanía y no discriminación. Consejo Nacional
para Prevenir la Discriminación. Matices. México.
PRONADDIS
– Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad
2009-2012. Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con
Discapacidad 2009-2012 (Síntesis). CONADIS. México.
Stang, A (2011) Las personas con discapacidad en América
Latina: del reconocimiento jurídico a la desigualdad real. División de
Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL). Santiago de Chile. Disponible
en: http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/6/43186/lcl3315-p.pdf
Vega,
A. y López, M. (2011) Personas con discapacidad: Desde la exclusión a la plena
ciudadanía. Intersticios, Revista
Sociológica de Pensamiento Crítico. Volumen 5 (1). Pág. 123 - 155
Disponible en:
http://riberdis.cedd.net/bitstream/handle/11181/3509/personas_con_discapacidad_desde_la_exclusion_a_la_ciudadania.pdf?sequence=1&rd=0031587426601211
© Estudiante de la Maestría en Ciencias Sociales de la Facultad de
Ciencias Sociales de la UAS. En proceso de graduación.
0 comentarios:
Publicar un comentario